Además del presidente del CERMI Extremadura, han asistido a dicha reunión un representante de cada una de las nueve entidades miembro del comité extremeño. Fernando Manzano, su presidente, ha informado de que, de cara a la elaboración de la ley de Servicios Sociales de Extremadura y de una futura ley autonómica de discapacidad,  ha solicitado a los grupos parlamentarios una "implicación directa, una sensibilidad hacia toda la discapacidad de Extremadura y una altura de miras importante de cara al futuro de la discapacidad". Por tanto, se tratan de conseguir normas de convivencia estables que perduren en el tiempo y fragüen y consigan una unanimidad acorde con la sensibilización social que requiere la atención a la discapacidad. Seguidamente, Manzano ha subrayado que esta sensibilidad por parte de los cuatro grupos parlamentarios ha quedado patente en esta reunión. 

 

Manzano ha informado de que no hay una fecha cerrada para la entrada en el Parlamento de ambas leyes porque esta cuestión "depende del Ejecutivo", que lo hará en el momento que los tenga preparados y cerrados. "La de servicios sociales me consta que está bastante más avanzada y la de discapacidad me consta que se va a poner a trabajar el Ejecutivo inmediatamente, en las próxima semanas", ha explicado.

 

A este respecto, ha aseverado que, en el momento que entren las leyes en la Cámara, se apostará por darle la tramitación "más rápida que sea posible", para que puedan estar en vigor "lo antes posible", tanto la una como la otra.

 

 

Por su parte, el presidente del CERMI Extremadura, Manuel González, ha destacado que los miembros de su entidad se han sentido "bien tratados" en el Parlamento.

 

González se ha mostrado satisfecho con la participación del CERMI Extremadura en las normas sobre discapacidad y servicios sociales, algo que a su juicio favorecerá que no nazcan "impuestas", sino desde "la propia necesidad y el conocimiento de la problemática de la discapacidad".

 

Por otro lado, ha informado de que ha trasladado a la Cámara legislativa extremeña la reivindicación de establecer un pacto por un modelo de económico sostenible de atención a la discapacidad en Extremadura. También ha enfatizado que en la actualidad las asociaciones de personas con discapacidad dan un servicio de atención a las personas con discapacidad que la Administración está pagando por debajo de los costes reales.

 

Es por ello, que se hace necesario establecer este pacto para la consecución de una estabilidad presupuestaria en favor del movimiento asociativo de la discapacidad; reivindicación que el CERMI Extremadura viene realizando años atrás.

 

 

Por parte de los grupos parlamentarios en la Asamblea, el portavoz del PP, Miguel Cantero, ha destacado el interés de los cuatro grupos con representación en la Cámara autonómica de estar "siempre al lado de las personas más desfavorecidas", ante lo que ha resaltado que la atención a la discapacidad y los servicios sociales son  "derechos" que deben ser protegidos.

 

Unas normas que, según ha subrayado Cantero, "se harán sobre la base de la solidaridad" y teniendo en cuenta el requisito de la sostenibilidad para que puedan ser derechos reales y de cumplimiento efectivo.

 

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha informado de que su partido se ha comprometido a introducir las reivindicaciones del CERMI Extremadura en ambas normas; propuestas por el Ejecutivo y cuyo contenido aún desconocen.

 

Además, ha informado de que su grupo se ha comprometido con el CERMI Extremadura a que las cuentas autonómicas de 2014 sean las primeras en las que se consensue y haya un "marco estable" para la atención a la discapacidad en Extremadura. Por ello, sería necesario acordar y establecer un sistema de concertación o convenios plurianuales, que permitan a las asociaciones saber y planificar con qué dinero cuentan para ejecutar servicios.

 

Para concluir, el portavoz del PREX-CREX, Damián Beneyto, ha coincidido con el PSOE en la necesidad de reivindicar una financiación "adecuada" porque, según ha dicho, "hacer leyes para luego no poder llevarlas a cabo es un auténtico fraude al ciudadano". Así mismo, ha calificado esa reunión como aleccionadora y considera que la situación actual de la atención a la discapacidad es un fracaso social y de los políticos; el cual no debería darse en pleno siglo XXI.